16 de abril de 2021
Los resultados de un estudio sobre el traslado de personas sin hogar y usuarios de drogas de Puerto Rico a Estados Unidos revelaron que hubo violaciones a sus derechos por conductas ilegales y actuaciones delictivas, incluyendo posible trata humana. De acuerdo a los hallazgos del estudio, estas personas que aceptaron mudarse a Estados Unidos reconocieron que carecían de tratamiento efectivo en Puerto Rico y sufrían de marginación social y discriminación.
El estudio “Vulnerabilidad en personas con desórdenes de adicción en Puerto Rico: su relación con la trata de personas”, fue realizado por la Catedrática de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, Dra. Carmen E. Albizu-García y el Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho de la UPR, Oscar Miranda Miller, y respondió a información diseminada por la prensa en Estados Unidos y Puerto Rico sobre el traslado de personas sin hogar a diversas ciudades estadounidenses. El estudio se financió con fondos otorgados por la Open Society Foundations.
La Dra. Albizu-García y el profesor Miranda Miller reconocieron la necesidad de documentar la naturaleza y los efectos de estas operaciones y determinar si en estos traslados, mediaba la trata humana. Los testimonios y experiencias de las personas entrevistadas comenzaron a recopilarse a partir de 2018. De estos testimonios y diversas fuentes de información se desprende que estas personas se sienten vulnerables por la falta de servicios y se arriesgan a ser víctimas de engaño y sometidas a esquemas en los que se sospecha participan entidades públicas, religiosas y no-gubernamentales.
De acuerdo a los profesores Albizu-García y Miranda Miller existen factores estructurales que propiciaron este fenómeno y requieren acciones gubernamentales para remediarlos. En el estudio se vincula la situación que fomenta estos traslados a los resultados de una política de drogas que estigmatiza a la persona con trastorno de uso, particularmente de opioides, privándole de oportunidades suficientes de tratamiento efectivo sustentado en los estándares consensuados por entidades científicas y de salud.
El informe final del estudio con recomendaciones concretas fue referido a legisladores, alcaldes, ejecutivos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro para que evalúen medidas de política pública a establecerse con urgencia para poner fin a esta práctica. En particular, ambos profesores urgieron a la Legislatura a retomar las investigaciones de R. del S. 95 del 7 de febrero de 2017 para hacer enmiendas a la vigente ley de salud mental y otras identificadas en el estudio y así prevenir la vulnerabilización de estas personas.
En resumen, Albizu-García y Miranda Miller manifestaron que “la situación amerita esfuerzos intersectoriales del estado y de organizaciones no-gubernamentales, incluyendo la reforma de leyes de control de drogas que parten de posturas ideológicas y moralistas, en lugar de principios de salud pública, y de aquellos consensuados basados en evidencia científica.” Ambos confían en que “la prevalente norma social que considera a las personas victimizadas como carentes de valor y prescindibles pueda superarse y resulte en acciones decisivas para hacer valer sus derechos a justicia social y de salud.”
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De requerir más información, puede contactar a la Dra. Carmen E. Albizu-García; Carmen.albizu@upr.edu/ac; o al Profesor Oscar Miranda-Miller; oscar.miranda1@upr.edu/ac
