17 de abril de 2017
Cayey– Con el propósito de asegurar el rol importante de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la recuperación social y económica del país, el Claustro de la UPR en Cayey presentó y aprobó por unanimidad varias propuestas como opciones específicas para cancelar el recorte acumulado de $450 millones al presupuesto de la UPR.
De acuerdo con el Claustro todas las propuestas presentadas están alineadas con los reclamos estudiantiles y afirman la visión de una UPR de vital importancia para el país, y capaz de transformarse para mejorar. Mediante la presentación de esta propuestas el Claustro aspira a definir acciones estratégicas específicas, incluyendo garantías, compromisos y periodos de tiempo delimitados.
A continuación las propuestas expuestas por el Claustro de la UPR en Cayey para ser implementadas durante el año fiscal 2017-2018:
1)- La UPR aporta en servicios al país mucho más de lo que recibe en asignaciones presupuestarias del gobierno. Actualmente, el gobierno tiene una deuda de $300 millones con la UPR por servicios prestados hasta mayo 2016 (clínicas legales, médicas, etc.). Además, según el economista Argeo Quiñonez, hay más de $1,600 millones que la UPR debió cobrar por servicios entre el 2004 y el 2015, que ya se han tirado a pérdida. Esto suma $1,900 millones en servicios no pagados. En justicia y en derecho, el gobierno tendría que liquidar su deuda con la UPR antes de imponerle recortes adicionales o de proponer, como lo ha hecho, la nueva contratación de servicios como fuente de ingresos futuros. Sin embargo, estamos dispuestos a condonar la totalidad de esa deuda. A cambio, exigimos que el gobierno desista de restarle $450 millones al presupuesto de la UPR. Cada dólar público que se envía a la UPR es una inversión que, de otro modo, tendría que asumir el Estado a un costo mayor.
2)- No obstante, ante la apremiante situación actual de falta de efectivo en el gobierno, proponemos (para el año fiscal 2017-18 solamente) reducir la aportación del Fondo General a la UPR por $50 millones (un 6% de la asignación actual), con la garantía de que la administración universitaria reducirá esa misma cantidad solamente en partidas presupuestarias de gerencia y administración (esto incluye reducción de puestos de confianza, contratos y otros gastos relacionados a burocracia administrativa). La UPR puede continuar brindando servicios educativos de calidad reduciendo sus costos administrativos.
3)- La UPR recauda aproximadamente $170 millones en ingresos propios que no dependen del gobierno. En el 2017-18 nos comprometemos a aumentar esta cantidad por un mínimo de $50 millones, sin aumentar la matrícula a los estudiantes. Pero reclamamos como garantía que estos nuevos ingresos se utilizarán solamente para fortalecer nuestros programas y servicios de enseñanza e investigación, así como el programa de becas a estudiantes. Para aumentar nuestra capacidad de generar más ingresos propios necesitamos inversión en personal y recursos suficientes.
4)- La UPR se compromete a recaudar, con carácter urgente, una partida de al menos $2 millones mediante diversos mecanismos de recaudación y microfinanciación colectiva (“crowdfunding”). Además, incluiremos en esa partida los dineros que podamos generar por economías en servicios generales, como en el costo de electricidad. Ofreceremos esos $2 millones, a nombre de todos los puertorriqueños, para cubrir los costos de auditar la deuda pública, dirigiendo esos fondos a la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. Reclamamos a la legislatura que no derogue la ley que creó esta Comisión y que, por el contrario, la enmiende para permitir el recibo de este donativo de manera que no haya excusas para auditar la deuda pública. La meta es tener resultados iniciales de la auditoría de la deuda del país antes que finalice el 2017. De esta manera la UPR se solidariza con el reclamo amplio de la sociedad para auditar la deuda, y paga por ese servicio, para evitar repetir en el futuro errores cometidos por gobiernos del pasado.
5)- Conocemos que el Senado de Puerto Rico se encuentra redactando una propuesta de reforma universitaria y repudiamos la manera antidemocrática y de bajo perfil que se ha utilizado. Por lo tanto, proponemos que se cree por ley una Comisión Independiente de Reforma Universitaria, separada de la rama legislativa, y con participación directa de todos los sectores de la UPR y la sociedad civil. Garantizando procedimientos con amplia participación democrática, esta Comisión producirá un proyecto de reforma integral para la UPR, que fortalezca sus aportaciones sociales y económicas al país. El resultado de este esfuerzo deberá estar listo para ser considerado y aprobado en la Legislatura, en el 2018.
Según el Claustro del recinto cayeyano, con el cumplimiento de estas propuestas se asegura la solvencia fiscal que le permite a la UPR continuar planificando, transformando y mejorando los servicios que la universidad ofrece al país, y cumpliendo con los requerimientos de la acreditación con la Middle States Association. Después del 2018 se utilizará el resultado del proyecto de reforma explicado en el inciso 5 para tomar decisiones sobre la inversión de dinero que aportará el gobierno a la UPR, a partir del 2019.
